Publicada el 07/06/2026 10:00
El Consejo Consultivo del Principado de Asturias ha emitido un dictamen contundente: el Servicio de Salud debe responder por el retraso de casi dos años en completar las pruebas necesarias para incluir a un paciente en la lista de espera de trasplante renal. Un caso que revela, una vez más, cómo la falta de seguimiento, coordinación y comunicación puede generar daños reales en la vida de quienes dependen del sistema sanitario (Ver dictamen)
El paciente, diagnosticado de insuficiencia renal crónica, inició hemodiálisis el 18 de marzo de 2023. Desde ese momento, tanto él como su equipo médico coincidieron en la necesidad de activar el protocolo de valoración para trasplante renal.
Sin embargo:
El resultado: 668 días de retraso en completar el estudio previo necesario para entrar en la lista de trasplantes.
El afectado solicitó 82.906,70 €, desglosados así:
Durante ese tiempo, el paciente acudió tres veces por semana a hemodiálisis, con el desgaste físico y emocional que ello implica, sin expectativa real de trasplante debido a la falta de tramitación.
El Servicio de Salud y la aseguradora defendieron que:
Pero el Consejo Consultivo revisó la historia clínica con lupa… y llegó a una conclusión muy distinta.
El dictamen es claro y firme:
Ni la historia clínica ni los informes del servicio responsable explican por qué:
El Consejo destaca que:
«El servicio público sanitario no ha ofrecido una justificación razonable para el gran retraso que se constata en realizar todas las pruebas indicadas y solicitadas».
Y añade que los episodios cardiológicos y hematológicos no eran incompatibles con el trasplante, como demuestra el hecho de que el paciente fue finalmente incluido en la lista con esas mismas patologías.
El Consejo reconoce:
Y concluye que la actuación sanitaria no respetó la lex artis, al no gestionar ni justificar adecuadamente la demora.
Aunque el paciente reclamó 82.906,70 €, el Consejo Consultivo no fija una cifra concreta. En su lugar, ordena:
El importe deberá determinarse:
Es decir: habrá indemnización, pero su cuantía exacta debe calcularse con rigor técnico.
Este caso marca un precedente relevante en Asturias:
Las pruebas solicitadas deben realizarse en tiempos razonables y con trazabilidad.
El paciente debe conocer su situación real, especialmente en procesos críticos como un trasplante.
Cuando la demora es injustificada, sí genera responsabilidad patrimonial.
No vale una cifra arbitraria: debe basarse en datos reales del sistema.
Este dictamen no solo resuelve un caso concreto: pone el foco en la importancia de cuidar los procesos, no solo a los pacientes. La medicina moderna exige precisión, coordinación y comunicación. Cuando estas piezas fallan, el daño no es abstracto: se mide en días de espera, en sesiones de hemodiálisis, en incertidumbre y en desgaste emocional.
El Consejo Consultivo recuerda que la Administración debe responder cuando la organización falla, porque la confianza del paciente es un bien esencial del sistema sanitario. Y esa confianza se construye —o se pierde— en detalles tan básicos como realizar una prueba a tiempo o informar con claridad.
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